El
Juzgado exige al Ayuntamiento
a pagar 133.000 euros a otra
empresa que denunció
al Gobierno de UB
Las
reclamaciones judiciales por obras impagadas, muchas de ellas sin concluir,
ahogan al Ayuntamiento de Tazacorte. Varias empresas han reclamado por vía
judicial la suma de más de medio millón de euros por proyectos de los que se
desentendió el anterior Grupo de Gobierno.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Santa Cruz de
Tenerife ha condenado al Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte al pago
de más de 126.000 euros por unas obras ejecutadas, según la empresa, en el año
2004 y no abonadas a dicha empresa constructora por parte del Gobierno que
presidió en aquel momento el ex alcalde Angel Pablo Rodríguez Martín, hoy concejal
en la oposición de Unión Bagañeta (UB-CC).
La
actuación que se contrató y realizó fueron unas fases del inacabado Complejo
Deportivo de El Puerto, con un importe inicial de 82,765,83 euros a los que
ahora se suman otros 43.986,64 en intereses de demora (más los que correspondan
hasta el pago efectivo de la deuda). Además, si se tiene en cuenta que deben
devolverse más de 7.000 euros en avales bancarios, el pago final ascendería a
133.000 euros. La sentencia, con fecha de 2 de noviembre de este año se suma a
otras similares a las que ya ha tenido que hacer frente este Ayuntamiento en
los últimos meses, con una cuantía total que suma ya más de medio un millón de euros que ahora
debe afrontar esta Corporación.
Todas
estas sentencias, de obligado cumplimiento, abocan a las arcas municipales a
una situación de desamparo absoluto, ante la imposibilidad de afrontar el pago
de las mismas sin pérdida de servicios básicos municipales. Una realidad que
perjudica seriamente a los ciudadanos que nada tuvieron que ver con decisiones
irresponsables que durante años se adoptaron en esta Administración Local.
Las
reclamaciones judiciales ya resueltas, y las que aún están pendientes de
tramitarse, se corresponden con actuaciones, proyectos, bocetos e incluso
simples compromisos que fueron encargados a diferentes empresas por parte del
Gobierno que ostentó la responsabilidad de dirigir los dineros de todos los
bagañetes durante dos décadas. Estos expedientes, según aclara la alcaldesa,
Carmen Acosta, demuestran que "una cosa era lo que nos vendían y siguen
vendiendo y defendiendo como una buena gestión financiera (veánse los panfletos
que publicitan en la puerta de su local donde venden hasta inversiones privadas),
y otra totalmente opuesta es la realidad económica existente y que sigue
sumiendo en un pozo sin fondo a esta Institución, del que lamentablemente no se
saldrá durante años. Al parecer, todo lo que dicen que hicieron o quisieron
hacer nos toca pagarlo a todos los ciudadanos ahora, en el peor momento
posible, y más grave aún es que algunos de esos encargos han sido caprichos que
da nada han servido el municipio”.
En el
caso de esta última sentencia, las múltiples reclamaciones de pago realizadas
de esta empresa, al igual que ha sucedido en muchos casos detectados ahora, se
desestimaban en el ayuntamiento por silencio administrativo, por dejación de
funciones. Ni siquiera se acreditó por parte de la Administración Local algún
tipo de incumplimiento por parte del contratista que motivara los retrasos
habidos en el pago de la factura reclamada, ni se exigieron certificaciones que
justificasen dichas obras, obras que por cierto actualmente no existe.
Se seguirán
pidiendo responsabilidades legales.
Carmen
Acosta recuerda que "todo este dinero al que ahora tenemos que hacer
frente de forma inesperada y casi sin posibilidad de hacerlo, supone una
continua fuga de un capital vital para, en un periodo de recortes impuestos
desde Administraciones superiores, hacer frente al pago de los servicios
públicos que cada día reciben y demandan los ciudadanos de este
municipio".
Por lo tanto, una vez demostrada la grave irresponsabilidad que Unión
Bagañeta cometió con el dinero de todos los bagañetes, el grupo de gobierno
anuncia que se ha procedido a la remisión de todos estos expedientes
administrativos a Administraciones Superiores que puedan auxiliar al
ayuntamiento en la adopción de medidas correctoras para evitar las
consecuencias de lo ocurrido en este ayuntamiento. En tal sentido, el grupo de
gobierno se reserva el derecho a reclamar depuración de responsabilidad
legales, porque las morales son evidentes ante lo que se entiende como una
incomprensible ausencia de seriedad en las formas, dejación de funciones e
irresponsabilidad en el trabajo que debe desarrollar un cargo público elegido
por su pueblo.
Para ampliar información contactar con Carmen Acosta en el
679387475
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