LA REBELIÓN DE LOS VITICULTORES

En el año 1906, los jóvenes viñedos de Aude en la región francesa de Languedoc – Rosellón, producían más de ocho millones de hectolitros. Pero las importaciones anárquicas y las prácticas fraudulentas en el sector vitivinícola se suman a esta gran producción, conduciendo a la caída de ventas de vino y como triste consecuencia, las vendimias de ese año no se consiguen vender.

Este acontecimiento desencadena un proceso que tiene su inicio cuando los pequeños viticultores se arruinan, los empleos generados por el sector agrícola empiezan a desaparecer y la situación adquiere un efecto dominó sobre toda la población, abocando a la quiebra a los comerciantes, a la insolvencia a los trabajadores y extendiendo la miseria por  toda la región.  

El conflicto social, iniciado por todos los viticultores del Mediodía francés, con  manifestaciones y protestas va creciendo en apoyos y virulencia, reuniendo en las revueltas de junio de 1907 más de un millón de personas en Montpellier, derivando en la práctica en una insurrección, llegando incluso a ser apoyada por el 17 Regimiento de Infantería Ligera de Béziers, que no atiende las órdenes recibidas de cargar contra los  rebeldes y que se pone de su lado.

Esta Rebelión de los Viticultores (Révolte des vignerons) que también se conoce en Francia como La Guerra del Vino (La guerre du vin), tuvo como consecuencia que la Asamblea Nacional francesa tomara medidas para evitar los engaños y trampas en la elaboración de vino. Lo que mucha gente desconoce es que como resultado de estas demandas y de la rebelión de los productores,  se legisló para evitar el fraude en el Vino y éstas Leyes  fueron el origen de la creación de las Denominaciones de Origen para un mejor control de la calidad de los vinos.

En estos días otra pequeña guerra del Vino ha tenido lugar y ha sido la acontecida en la Isla de Tenerife. La crisis del vino producida por la adquisición e importación de vino procedente de La Mancha por una Bodega propiedad de una Sociedad Anónima mixta con participación pública – privada, para elaborar vino de mesa mezclado o no con otro producido en la Isla, aunque práctica legal a todos los efectos, ha sido el desencadenante de otra rebelión, esta vez la de los viticultores y bodegueros canarios.

Debe ser la sociedad canaria en su conjunto la que valore la ética, la estética e incluso la oportunidad de tal decisión mercantil, legítima a todas luces. Y deben ser las autoridades competentes las que sin hacer valoraciones políticas de la situación aclaren si ha sucedido algo, que ha ocurrido si fuere así y cuales son las consecuencias si las hubiere.

Pero no podemos dejar de pensar, que una cosa es lo que las normas obligan y otra muy distinta lo que las normas permiten. Las normas no obligan a nadie a comprar vinos a granel y mezclarlos, aunque si lo permiten. La norma permite en general y como máximo en Canarias que la acidez volátil real de los  vinos dispuestos para el consumo no sea superior a 1,2 gr/litro expresada en ácido acético, pero eso no quiere decir que el vino con tal acidez sea bueno. Aunque la norma permita ese límite, el vino será mucho mejor si tiene 0,3 ó 0,4 gramos por litro.

Aquí pasa lo mismo. O no.

“Viva el Vino Natural. Abajo el azúcar. Guerra a los estafadores. ¡Ay! ¡Ya no tenemos la ronda! ¡Pero, si es necesario, tengan cuidado  con las patadas!. Nuestros barriles nos servirán para las nuevas barricadas.”  Serment des Vignerons. Marcelin Albert, 1907.