No interesa la educación pública

Somos uno de los países de la UE con mayor porcentaje en fracaso escolar, yo me pregunto: ¿Es que los españoles somos los más "tontos"?. Desde luego que las cifras no invitan al optimismo, pero, a pesar de lo abrumador de la realidad, hay que intentar ir más allá, ver, por ejemplo, que somos también de los que menos invertimos del PIB en educación. Revelador, ¿no?.

A estas alturas del partido creo que ya a nadie se le escapa que la lucha contra el fracaso escolar comienza por un incremento drástico del gasto público en educación, habría que hacer, prácticamente, todo lo contrario a lo que, el actual gobierno, en estos momentos, está haciendo en una materia tan fundamental como es la educativa.  Es más, considero que no es de ser aventurado el afirmar que, para paliar las deficiencias del sistema educativo, hoy por hoy, se tendría que dedicar el 7% del PIB a la enseñanza pública. La educación no es gasto y, para dejar de hacer el cangrejo, en Canarias se tendría que contar con una inversión anual de 2.800 millones de euros.

Nuestros políticos siguen, en definitiva, sin mostrar el mínimo interés por nuestra educación pública. Continúan, “erre que erre”, con la tijera, aprobando medidas que van en busca de  su desmantelamiento. La Comunidad Educativa en las Islas, por tanto, debe implicarse especialmente en mostrar su rechazo a estos recortes que merman, aún más, la calidad del sistema educativo público, de lo contrario, seguiremos con las mayores tasas de fracaso escolar, con el mayor número de alumnos por profesor, con las mayores tasas de precariedad laboral entre los docentes, con un porcentaje del 27, 37% de profesorado interino-sustituto y con reducciones salvajes de plantillas en los centros. Ejemplificando lo expuesto y a modo de dato revelador, actualmente hay unos 1.200 profesores menos que hace tres años y se ha pasado de más de 25.000 profesores a menos de 24.000 para el presente curso.

Ahora, nuevamente, vuelven a sacar sangre a nuestra anémica educación, agresión sin precedentes en los últimos cuarenta años. El tijeretazo de 3.000 millones de euros que ha ratificado el Congreso de los Diputados, vía RD Ley 14/2012, de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en educación, sin duda, conllevará  el despido de entre 50.000 y 100.000 profesores, incrementará la masificación de las aulas en primaria y secundaria, llegando a superarse los 40 alumnos por clase en bachillerato, y subirá, brutalmente, el precio de las matrículas universitarias, siendo, en el caso de Canarias, el incremento, al menos, hasta de un 40%, algo que, para muchas familias trabajadoras, hará imposible su pago, y cuya consecuencia será, evidentemente, que los jóvenes de las familias más humildes se verán excluidos del acceso a la universidad.

Extraño país, reina la partitocracia. Se inyecta 10.000 millones de euros para salvar a Bankia, y otras entidades financieras, a los mismos banqueros que provocaron esta crisis derivada de la especulación inmobiliaria. Se merman, por tanto, miles de millones de euros del erario público, se recorta en prestaciones básicas como nuestra educación y sanidad, para mantener intactos los sueldos y beneficios de estos personajes. De hecho, el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, además de ganar más de 2 millones de euros en salarios por su cargo, será indemnizado con 1,2 millones de euros.

Dicen que la culpa la tienen los mercados, entes difusos, etéreos, metafísicos. Pero no, la culpa la tienen los de siempre, pero ahora más, los que detentan el poder económico.Y tienen nombres y apellidos. Si dijo Alfonso Guerra que Montesquieu había muerto porque en esencia la división de poderes era una farsa, ahora estamos ante la más grande de todas las farsas, la de creer que es el gobierno quien gobierna. La soberanía real no está ni en el Estado, ni mucho menos, en los ciudadanos. Está monopolizada por quienes se han adueñado del medio de producción por excelencia en esta nueva era, el dinero.

Señores, si es que no se está pidiendo nada del otro mundo. Simple y llanamente, solicitamos, no, exigimos que la clase política garantice el cumplimiento de nuestro derecho a la educación pública, pero una educación pública de calidad, en la que no se continúe con la reducción constante de los presupuestos educativos, sino que fije sólidas bases que posibiliten la mejor formación de los canarios, entiéndase con ello infancia, juventud y personas adultas con dichas necesidades. El resultado es claro, si no se desestima en gastos en educación, tendremos una sociedad más preparada y con mejores expectativas de desarrollo en el futuro.

Quieren acabar con la educación pública, ¡hay que impedirlo!, ¡basta de represión a nuestros derechos democráticos!, ¡la educación es un derecho no un negocio!. Y para empezar, buenas son las palabras de Antonio Machado, "caminante, no hay camino, se hace camino al andar". Pues andemos, ya.

JAFET BARRETO

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