La Fiscalía advierte de que el futuro del edificio de Los Tarajales es la demolición

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La fiscal provincial para delitos contra el Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Inmaculada Violán, asegura que el horizonte urbanístico del inmueble, con 24 pisos de lujo, garajes y locales comerciales, "no es otro que la demolición", lo que entiende ya que estaba claro cuando el gobierno local dio la licencia de obra.

30/sep/12 02:26 

La fiscal de la Audiencia Provincial para delitos contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio, Inmaculada Violán González, afirma en un informe remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane que "el horizonte urbanístico" del edificio de 24 apartamentos de lujo, garajes y locales comerciales de Los Tarajales, construido desde hace más de tres años en el Puerto de Tazacorte y afectado por la Ley de Costas, "no es otro que la demolición".

El informe fiscal va un poco más allá para advertir de que el destino final del inmueble "ya se conocía" incluso antes de que el grupo de gobierno de Unión Bagañeta concediera la licencia de obras y autorizara el inicio de los trabajos con la aprobación del proyecto de ejecución, puesto que "con el pronunciamiento de los tribunales", tanto del TSJC como del Supremo y de la Audiencia Nacional, entre los años 2002 y 2005, "se sabía que pasaría a estar en zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre (100 metros), tratándose de un edificio destinado a viviendas, garajes y locales comerciales cuyo uso está prohibido en esta franja de costa".

Violán reitera en su informe que el pronunciamiento de los tribunales "no dejaba margen a la duda o a la interpretación". Es más, la sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba que el suelo en el que se encuentra el edificio de Los Tarajales no tiene carácter urbano, tal y como había dictado en TSJC en 2002, se produjo "meses antes de la autorización del inicio de las obras", según apunta la fiscal, por lo que los gobernantes municipales de aquel entonces eran conscientes de la ilegalidad que se podía estar cometiendo con la edificación.

Intereses del alcalde .- Se desconoce porqué el ayuntamiento o, mejor, el grupo de gobierno decidió dar licencia para la ejecución de las obras con los pronunciamientos judiciales en contra. Eso sí, en el informe fiscal se apunta que la pretensión del anterior alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, siempre ha sido que el suelo incluido en el polígono 6 de las Normas Subsidiarias de 1987 como suelo apto para urbanizar "adquiriera la condición de urbano, llegándose incluso a poder concluir que al menos en fechas pretéritas pudo actuar movido por un interés cuando menos inusual y coincidente con el de los particulares y empresa que tenían expectativas urbanísticas sobre esos terrenos".

Esta coincidencia de intereses se desprende, según defiende en su informe Violán González, por los contactos que mantuvo el alcalde "con quien actuaba como intermediario para la compra de esos terrenos (en los que se construyó el edificio de Los Tarajales) en 1988, Marcos Barreto Weeden, que fue escogido en una ocasión por el alcalde como uno de los asesores de los intereses municipales, tal y como resulta del acta de la CUMAC de fecha 28 y 29 de abril de 1998", en la que consta que el regidor bagañete "reitera aspecto de índole político en orden a la necesidad de aprobar las normas (normas subsidiarias) y en especial el carácter urbano del suelo disentido, dando lugar a un intenso debate, si bien la CUMAC no aceptó, en esta ocasión, la tesis municipal".

En aquella sesión, Ángel Pablo Rodríguez estuvo también asesorado por el arquitecto Justo Fernández, quien elaboró en 1998 un informe en apoyo de las tesis municipales, "y que resultó finalmente ser el arquitecto redactor del proyecto por encargo de la promotora de las obras", se subraya en el informe fiscal, lo que conecta claramente al alcalde con la empresa que construyó el edificio.

Prevaricación .- Inmaculada Violán mantiene que la autorización del proyecto de ejecución e inicio de obra otorgadas por las juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Tazacorte "han podido acarrear unos efectos perniciosos al permitir la construcción de una edificación hasta su total terminación, con fines comerciales y residenciales, en suelo que goza de régimen de protección". Actos administrativos dictados pese a los antecedentes expuestos y, por tanto, "ser constitutivos de un delito de prevaricación urbanística".

La fiscal recuerda que los imputados que han participado en estos hechos son el antaño alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, los concejales Juan Miguel Rodríguez, José Antonio Martín Castillo, Roberto Pérez Lorenzo y Francisco Pérez Acosta; y los técnicos informantes, Rosendo Luis Brito y Manuel Roque Concepción Vidal.

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